Emergencia
climática.

La emergencia climática es el nombre que reciben las cosas cuando dejan de ser una proyección y empiezan a ocurrir. Y lo que está ocurriendo, hoy mismo, no admite ya un lenguaje suave.

Durante décadas, el cambio climático fue un problema del mañana. Los informes hablaban de proyecciones a 2050, de escenarios a final de siglo, de modelos que dibujaban un futuro probable. Esa manera de contarlo cambió hace pocos años, cuando la realidad empezó a alcanzar a los modelos antes de lo previsto. Cada nuevo informe del IPCC traía una versión más adelantada del calendario. Cada verano traía un récord que se suponía que iba a llegar más tarde.

Hoy la frase que pronuncian cada vez más científicos no es "esto pasará si no actuamos" sino "esto ya está pasando y se acelera". Por eso ya no hablamos de cambio climático sin más. Hablamos de emergencia. No es una elección retórica: es la forma en que la lengua se adapta cuando el horizonte de un problema se aplasta sobre el presente.

El término saltó del lenguaje técnico al político en menos de doce meses entre 2018 y 2019, empujado por dos cosas que ocurrieron a la vez: el informe especial del IPCC sobre los 1,5 °C, que puso cifras concretas a la ventana de actuación, y una oleada de movilizaciones juveniles que llenó plazas en medio mundo. El Reino Unido fue el primer Estado en declarar oficialmente la emergencia climática el 1 de mayo de 2019. España hizo lo propio el 17 de septiembre. La Unión Europea cerró el año con su propia declaración. Más de 2.300 gobiernos han ido sumándose desde entonces.

Pero la pregunta importante no es cuántos lo han declarado. La pregunta importante es por qué la ciencia llevaba años pidiendo que se hiciera, y qué nos jugamos exactamente si lo tratamos como lo que es —una emergencia— o si lo seguimos tratando como lo que ya no es —un asunto del futuro—.

La idea de declarar formalmente una emergencia climática no nació en un parlamento sino en un ayuntamiento. En diciembre de 2016, la ciudad australiana de Darebin, en la periferia de Melbourne, aprobó la primera declaración municipal del mundo. Durante dos años apenas tuvo eco fuera de Australia.

La situación cambió en otoño de 2018 con la publicación del informe especial del IPCC sobre los 1,5 °C, un documento que cuantificaba con precisión la diferencia entre limitar el calentamiento a 1,5 °C o dejar que llegase a 2 °C. Ese informe puso fecha y números a algo que hasta entonces se trataba como un riesgo difuso. La diferencia entre medio grado y un grado se medía ya en cientos de millones de personas afectadas y en ecosistemas enteros que desaparecían.

En agosto de 2018, una adolescente sueca empezó a faltar a clase los viernes para sentarse frente a su parlamento con un cartel pintado a mano. En octubre, Extinction Rebellion bloqueó por primera vez los puentes de Londres reclamando, entre otras cosas, una declaración formal de emergencia. En enero de 2019, Davos escuchó a Greta Thunberg decir aquella frase que dio la vuelta al mundo: "Quiero que actúen como si la casa estuviera ardiendo, porque lo está".

El 1 de mayo de 2019, tres meses después, el Parlamento del Reino Unido aprobó la primera declaración nacional. Le siguieron Irlanda el 9 de mayo, Portugal en junio, Canadá y Francia en verano, Austria en septiembre. España la asumió el 17 de septiembre de 2019 por acuerdo del Consejo de Ministros. El Parlamento Europeo cerró el año con la suya el 28 de noviembre.

La secuencia importa porque revela algo incómodo: las instituciones tardaron en ponerle nombre a lo que la ciencia llevaba años describiendo. La palabra "emergencia" llegó tarde. Y la pregunta que abre esta página es si las acciones llegarán también tarde, o si todavía estamos a tiempo de que el lenguaje sirva para algo más que poner etiquetas.

Emergencia climática, crisis climática y cambio climático se solapan tanto que muchas veces se usan como sinónimos. En realidad apuntan a capas distintas del mismo problema, y en contextos formales conviene distinguirlas.