La crisis climática es el nombre con el que la ciencia, los gobiernos y un número creciente de medios de comunicación describen hoy lo que durante décadas se llamó simplemente cambio climático.

No es un cambio cosmético. Cuando en 2019 The Guardian actualizó su libro de estilo para sustituir «cambio climático» por «crisis climática» o «emergencia climática», lo hizo argumentando que el lenguaje anterior se había quedado corto. El planeta no estaba cambiando: el planeta estaba en problemas serios. Y la forma en que hablamos de un problema condiciona la forma en que reaccionamos ante él.

La crisis climática, por tanto, no describe un fenómeno distinto del calentamiento global. Describe la misma realidad —el aumento sostenido de la temperatura del planeta y todos sus efectos asociados— pero asumiendo dos cosas que el término antiguo dejaba en el aire: que es una urgencia y que sus consecuencias ya son graves.

El IPCC, en sus últimos informes, ha ido incorporando un lenguaje cada vez más directo. La ONU habla de «emergencia climática». Más de 2.000 gobiernos locales en todo el mundo han declarado oficialmente esa emergencia, incluido el español en septiembre de 2019. Y la Organización Meteorológica Mundial confirmó que la temperatura media global en 2025 estuvo 1,44 °C por encima de la era preindustrial: el undécimo año más cálido consecutivo desde 2015.

Llamarlo crisis no es una concesión al alarmismo. Es ajustar el vocabulario a los datos.

Son tres términos que se usan a menudo como sinónimos y que en realidad describen capas distintas de un mismo problema. Entender en qué se diferencian ayuda a leer mejor cualquier noticia climática.

La raíz de la crisis climática es conocida desde hace décadas. La quema de combustibles fósiles —carbón, petróleo y gas natural— libera dióxido de carbono que se acumula en la atmósfera y atrapa calor.

Lo que distingue al episodio actual de los cambios climáticos naturales del pasado es la velocidad. Los registros de núcleos de hielo analizados por el IPCC muestran que la concentración de CO₂ en la atmósfera no había sido tan alta en los últimos 800.000 años. Y los cambios que en otras eras geológicas tardaban milenios en producirse hoy ocurren en décadas.

El reparto de responsabilidades no es uniforme. Las emisiones acumuladas desde la Revolución Industrial proceden mayoritariamente de los países hoy desarrollados, mientras que los efectos más graves recaen, por geografía y por capacidad económica, sobre los países más vulnerables. Esa asimetría es una de las grandes tensiones políticas que estructuran cada cumbre del clima.

Junto a los combustibles fósiles, hay otros vectores con peso propio: la deforestación —que elimina sumideros de carbono—, la ganadería intensiva —fuente principal de metano—, la agricultura industrial, el cemento y, en menor medida, ciertos gases industriales con un potencial de calentamiento muy superior al del CO₂.

El conjunto produce un efecto que la ciencia entiende ya bastante bien: cada décima de grado que añadimos al sistema multiplica la probabilidad de fenómenos extremos. No es una progresión lineal. Es una curva que se vuelve más empinada cuanto más subimos.